El discurso político incorpora el concepto de déficit habitacional y admite la responsabilidad del Estado en su arreglo.
Ya no es suficiente que éste asuma el papel de mediador de conflictos, genere pautas mínimas de habitabilidad de los espacios o regule el mercado de alquiler, sino que es indispensable ahora una intervención directa en la dotación de vivienda en propiedad
La retracción estatal en la construcción de viviendas, en un contexto provincial caracterizado por un crecimiento demográfico que sigue siendo elevado, el aumento del desempleo , el descenso del poder adquisitivo y los elevados costos de alquileres y terrenos en el mercado inmobiliario, se refleja en una crisis habitacional que no cesa desde mediados de la década de 1990.
Por un lado, se arreglan negocios con los grupos inversores sobre los mejores suelos,por otro lado, se mantiene su desentendimiento en la regulación del mercado de la vivienda. De esta manera, el sector privado construye para el sector de la población con capacidad de endeudamiento, a costa de la rentabilidad que le genera la nula construcción de viviendas sociales, aumentando la demanda de alquileres y en consecuencia castigando a la población de menores recursos.
Según estadísticas del Colegio de Arquitectos, Neuquén necesita hoy cerca de 75.000 viviendas. El Estado Provincial y Municipal demuestran algo de preocupación sólo cuando los vecinos y vecinas toman terrenos fiscales y su única preocupación es cómo seguir favoreciendo a las clases que tienen posibilidad de seguir haciendo grandes negocios, cómo mantenerse dentro del mercado y cómo resolver las cuestiones extremas mediante la creación de barrios segregados en la meseta.
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